Las recientes precipitaciones han provocado una nueva crecida del río Jarama, afectando de manera directa a diversas construcciones y «chamizos» situados en la ribera de San Fernando de Henares. Esta situación ha obligado a realizar evacuaciones de urgencia tanto de personas como de animales domésticos, al tratarse de una zona clasificada técnicamente como inundable y de alto riesgo.
El entorno fluvial del Jarama no solo es un eje crítico en la gestión de aguas, sino que también es una pieza clave para descubrir la historia de Paracuellos de Jarama y de los municipios vecinos, cuya evolución ha estado siempre ligada al cauce del río y a la protección de sus ecosistemas. Sin embargo, la ocupación de estos suelos no urbanizables pone periódicamente en evidencia la vulnerabilidad de estos asentamientos ante fenómenos meteorológicos adversos.
Un núcleo irregular en zona inundable protegida
Los terrenos afectados forman parte del Parque Regional del Sureste y están integrados en la Red Natura 2000, lo que les otorga una protección ambiental especial. Al ser suelos no urbanizables y situarse en pleno dominio público hidráulico, la legislación vigente prohíbe la instalación de edificaciones permanentes o corrales.
Según consta en los registros de incidencias, este núcleo es uno de los últimos de su tipo que persisten en la Comunidad de Madrid. Episodios anteriores, como la borrasca Filomena en 2021 o las crecidas registradas hace un año, ya requirieron intervenciones de emergencia similares. La acumulación de residuos y el uso de estas parcelas para actividades de ocio sin licencia son factores que, según los expertos ambientales, agravan el impacto de las inundaciones en el patrimonio natural público.
Competencias administrativas y denuncias acumuladas
Desde hace seis años, distintas entidades han documentado la existencia de parcelaciones y construcciones de obra en un tramo de aproximadamente 800 metros de la ribera. En este escenario intervienen tres administraciones con competencias diferenciadas:
- Ayuntamiento de San Fernando de Henares: Responsable de la legalidad urbanística. Aunque se han abierto expedientes e informes técnicos desde 2020, la recuperación de los suelos propiedad del consistorio aún no se ha materializado.
- Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT): Encargada de la conservación del Dominio Público Hidráulico. Su actuación se ha centrado en la imposición de sanciones administrativas por la ocupación del cauce.
- Consejería de Medio Ambiente: Institución competente en la gestión de espacios protegidos y del Parque Regional del Sureste.
Reivindicaciones de colectivos ambientales
La Plataforma Ecologista Madrileña ha emitido un comunicado instando a las autoridades a aplicar con rigor los instrumentos legales disponibles. Los colectivos demandan una actuación coordinada para poner fin a la ocupación de los suelos ribereños, argumentando que la inacción administrativa fomenta situaciones de riesgo recurrente para la integridad física de las personas y el bienestar animal.
Asimismo, denuncian que la consolidación de estas estructuras irregulares genera una demanda de servicios, como el suministro de agua potable, en terrenos donde la edificación es inviable por ley. La restauración de la legalidad municipal y ambiental se presenta como el paso necesario para evitar que las próximas avenidas del río vuelvan a derivar en situaciones de emergencia sanitaria y de seguridad.
