El Gobierno regional ha reclamado formalmente a la Delegación del Gobierno en Madrid la activación inmediata de 110 expedientes de reunificación familiar de menores no acompañados. Según la Comunidad, la Delegación no ha iniciado ningún procedimiento de repatriación hasta la fecha. Cuarenta de los menores afectados ya han alcanzado la mayoría de edad durante la espera.
El conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por la gestión de los menores no acompañados llega a un punto de máxima tensión. El Ejecutivo autonómico ha dado un paso formal: la presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, ha remitido hoy un escrito al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, reclamándole el cumplimiento de sus obligaciones legales.
El documento advierte expresamente de que, si persiste la inactividad o hay una negativa injustificada, la Comunidad se reserva el derecho a emprender acciones legales.
Qué reclama la Comunidad de Madrid y por qué
El núcleo de la disputa es la competencia para ejecutar los procedimientos de repatriación de menores no acompañados. Según la Comunidad de Madrid, esa competencia corresponde a la Administración General del Estado, concretamente a la Delegación del Gobierno, al amparo del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000.
Lo que denuncia el Ejecutivo autonómico es que, de los 110 expedientes de reunificación familiar presentados, no consta la iniciación de ningún procedimiento de repatriación por parte de la Delegación. Cero trámites iniciados.
El resultado de esa parálisis es que 40 de los 110 menores afectados han alcanzado la mayoría de edad mientras esperaban. Al cumplir los 18 años, su situación jurídica cambia completamente y los mecanismos de protección de menores dejan de aplicarse.
La Comunidad sostiene que el retorno con las familias y el entorno social de origen es lo más adecuado para el interés superior de los menores, y que la inacción del Gobierno central va en contra de ese principio.
Las denuncias por falsos menores: 16 casos y primeras detenciones
El informe presentado al Consejo de Gobierno por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, incluye otro dato relevante: la Consejería ha presentado 16 denuncias contra personas que habrían accedido al sistema de protección de menores siendo en realidad mayores de edad, por un presunto delito de estafa agravada al haberse beneficiado indebidamente de recursos públicos destinados a la protección de menores.
Esas actuaciones han dado lugar ya a las primeras detenciones.
Qué dice la ley: competencias del Estado y de la Comunidad
El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España regula la situación de los menores no acompañados. Establece que la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno, es la responsable de gestionar los procedimientos de repatriación cuando se considera que el retorno al país de origen con la familia es la opción que mejor protege el interés superior del menor.
Las comunidades autónomas son responsables de la tutela y la protección mientras el menor está en territorio español, pero la ejecución del retorno no es competencia autonómica.
La Comunidad de Madrid sostiene que está cumpliendo su parte y que el cuello de botella está en la Delegación del Gobierno. La Delegación, hasta el cierre de esta información, no ha hecho declaraciones públicas sobre el asunto.
