El Gobierno regional considera que la medida del Gobierno central invade sus competencias y vulnera los derechos de los menores
La Comunidad de Madrid ha dado un paso decisivo en su defensa de las competencias autonómicas y los derechos de los menores extranjeros no acompañados (MENA). El Consejo de Gobierno ha acordado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto ley 2/2025 del Gobierno central, que modifica los criterios de reparto de estos menores.
Invasión de competencias y vulneración de derechos
Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el Real Decreto ley infringe varios preceptos de la Constitución Española de 1978 y es inconstitucional. El Gobierno regional considera que la medida del Gobierno central invade sus competencias exclusivas, ya que la recepción y acogimiento inicial de los MENA corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.
Además, el Gobierno regional considera que se vulneran los derechos fundamentales de los menores, al desplazarlos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia.
Principio de solidaridad y autonomía financiera
El recurso de la Comunidad de Madrid también señala que el texto validado por el Gobierno central es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre Administraciones. La aplicación de los criterios de reparto carece de justificación y se ha realizado sin contar con las comunidades autónomas.
Asimismo, se considera que se vulnera el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados.
Inadecuada utilización del Real Decreto ley
El recurso de la Comunidad de Madrid ante el TC también cuestiona la adecuada utilización de la figura del Real Decreto ley. El Gobierno regional considera que esta reforma legislativa debería haberse llevado a cabo mediante Ley Orgánica, al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 81.1 y 86.1 de la Constitución Española).
Además, se critica la falta de extraordinaria y urgente necesidad para tomar medidas mediante Real Decreto ley, ya que el mismo reconoce que el problema existe desde hace al menos ocho años.
La Comunidad de Madrid, referente en la atención a MENA
La Comunidad de Madrid ha demostrado su compromiso con la atención a los MENA, atendiendo a 10.618 menores desde 2019 y a 937 en lo que llevamos de año. Este recurso ante el TC refleja la determinación del Gobierno regional de defender sus competencias y garantizar la protección de estos menores.
