domingo, febrero 25, 2024
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La Comunidad de Madrid destina más de 6 millones de euros para ayudar a agricultores y ganaderos ante la sequía

La Comunidad de Madrid ha desembolsado este mes más de 6 millones de euros en ayudas extraordinarias destinadas a los agricultores y ganaderos locales. Esta acción busca mitigar los efectos de la sequía, compensando los crecientes costos en explotaciones afectadas por la falta de lluvias. El Gobierno autonómico utiliza fondos propios para respaldar el sector primario, garantizando la rentabilidad empresarial, así como la calidad y disponibilidad de los productos locales.

Apoyo esencial para 1.788 agricultores y ganaderos regionales

Un total de 1.788 agricultores y ganaderos están programados para recibir estas contribuciones, cumpliendo con los requisitos y teniendo sus expedientes completos. Otros solicitantes, hasta alcanzar las 2.100 peticiones recibidas, cuentan con un mes para corregir cualquier motivo de denegación después de recibir la notificación.

Enfrentando los desafíos de la sequía en la campaña 2022/23

Las subvenciones del Gobierno autonómico se centran en la campaña 2022/23, caracterizada por un preocupante déficit de lluvias, el más bajo en décadas. Los fondos van dirigidos a agricultores que, entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, necesitaron las aportaciones de la Política Agraria Común (PAC) y sembraron cultivos herbáceos de secano o plantas aromáticas en suelos madrileños.

Apoyo integral a ganaderos en época de dificultades

Estas ayudas también benefician a ganaderos que optaron por las ayudas europeas, asegurando el cuidado de sus reses durante las mismas fechas, ya sea en régimen de explotación extensivo o semiextensivo.

Abordando los desafíos hidrológicos y económicos

El objetivo principal es mejorar la liquidez de los profesionales del sector primario, quienes enfrentan las adversidades de un año hidrológico desafiante y el aumento de los costos de producción debido a la situación en Ucrania. Además, se busca hacer frente a los riesgos de pérdida de rentabilidad y las dificultades para continuar con la actividad, reflejadas en la estimación de la Renta Agraria de 2022, que indicaba un descenso provisional del 6,2%. También se considera la disminución de la producción y la reducción de la superficie cultivada, así como las consecuencias, como el aumento de los precios de los alimentos.

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