El 26 de enero, una manifestación exigirá una moratoria ante el avance de proyectos que amenazan el sur, este y sureste de Madrid
El próximo 26 de enero, Colmenar de Oreja se convertirá en el epicentro de la protesta contra la proliferación descontrolada de macroproyectos fotovoltaicos que amenazan el paisaje y la economía rural del sur, este y sureste de la Comunidad de Madrid, así como las provincias limítrofes de Guadalajara, Cuenca y Toledo. A las 12 de la mañana, una manifestación partirá desde la confluencia de las calles de las Canteras con Francisco Zarceño hasta la Plaza Mayor, donde se formará una cadena humana que rodeará la plaza como símbolo de unión y resistencia frente a este modelo de desarrollo energético. Los organizadores, un conjunto de asociaciones vecinales y plataformas, expresan su profunda preocupación por el impacto ambiental, social y económico de estos proyectos, exigiendo una moratoria inmediata y una planificación más sostenible. Este artículo analiza en detalle las razones de la protesta y las demandas de los manifestantes.
Una concentración en defensa del mundo rural
La manifestación en Colmenar de Oreja busca dar voz a la creciente inquietud entre los habitantes de las zonas rurales afectadas por la instalación masiva de plantas fotovoltaicas. Los convocantes denuncian que estos proyectos se están imponiendo sin una planificación adecuada, sin tener en cuenta las necesidades del territorio y sin una verdadera participación ciudadana. La cadena humana en la Plaza Mayor simbolizará la unión de la comunidad en defensa de su entorno y su forma de vida.
«Zonas de Sacrificio»: la denuncia de un modelo insostenible
Uno de los puntos centrales de la protesta es la denuncia de lo que los organizadores consideran una «zona de sacrificio». Argumentan que los proyectos más contaminantes y perjudiciales para las personas, la salud y el medio ambiente se intentan instalar sistemáticamente en el sur, este y sureste de la región, así como en las zonas limítrofes. Citan ejemplos como canteras, incineradoras, vertederos y, ahora, las macroplantas fotovoltaicas, como ejemplos de esta política de descarte territorial.
Impacto en el mundo rural: Abandono, paro y pérdida de Oportunidades
Los manifestantes rebaten el argumento de las grandes compañías energéticas, las administraciones y algunos grupos ambientalistas que apoyan estos proyectos. Afirman que la ocupación de grandes extensiones de suelo no genera desarrollo rural, sino abandono del campo, aumento del paro y la pérdida de oportunidades económicas. Señalan la destrucción del turismo, la afectación a la hostelería y el comercio de productos locales y artesanales, así como el éxodo de los jóvenes como consecuencias directas de este modelo.
Un modelo «Colonizador, extractivista y poco respetuoso»
Los organizadores califican este modelo de desarrollo energético como «colonizador, extractivista y ambientalmente muy poco respetuoso», aplicándose «despiadadamente» sobre todo en zonas rurales. Denuncian la destrucción de la flora y la fauna, la pérdida de suelo y biodiversidad, el aumento de la temperatura y la pérdida de movilidad en los caminos municipales, ocasionando la destrucción del paisaje y restando atractivo a estas zonas.
El problema de la sequía y el consumo excesivo de agua
Otro punto de gran preocupación es el consumo excesivo de agua que requieren estas instalaciones, lo que, según los manifestantes, agravará el problema de sequía endémico que padecen estas regiones. Esta cuestión se suma a las ya mencionadas como un factor de insostenibilidad del modelo.
Fraccionamiento de proyectos y modificación de leyes: Beneficios para las empresas
Los convocantes también denuncian el «fraccionamiento de los proyectos» y la «modificación de las leyes ambientales», argumentando que estas prácticas solo benefician a las empresas energéticas, permitiéndoles vender licencias una vez aprobadas y aprovecharse de leyes como la de expropiación forzosa para presionar a los propietarios a vender sus tierras.
Una transición energética con planificación y participación ciudadana
Los manifestantes exigen que el Estado ni las comunidades autónomas cedan a las presiones de las grandes multinacionales energéticas para alcanzar los objetivos de una supuesta transición energética sin anteponer una planificación adecuada, una participación democrática real y dando protagonismo a alternativas como el autoconsumo y las comunidades energéticas.
Un «Nuevo Pelotazo» y sus consecuencias
Consideran que este «boom» de las macroplantas fotovoltaicas no es otra cosa que un «nuevo pelotazo» en el que los grandes inversores y especuladores solo pretenden copar el mercado de la energía para mantener su estatus y poder, augurando que, al igual que ocurrió con el sector del ladrillo entre 1997 y 2006, esta burbuja quebrará, y las consecuencias las pagaremos todos.
Exigencia de restauración de las zonas afectadas
Finalmente, exigen que, una vez terminados los plazos de concesión, las empresas concesionarias restauren las zonas afectadas de forma obligatoria, mitigando en lo posible el impacto ambiental generado.
